miércoles, 10 de abril de 2013

500 euros de multa para Orange por no liberar un móvil tras la permanencia


NOTICIA DE ADSLZONE.NET

Orange ha sido sancionada con 500 euros por negarse a liberar el teléfono móvil de uno de sus clientes una vez cumplido el periodo de permanencia. Se trata de una sentencia histórica en nuestro país y supone un aviso a los operadores para que cumplan con la legislación que defiende a los consumidores.

Hace menos de una semana conocíamos la campaña de FACUA que clama ante las instituciones acerca de la ilegalidad que supone la venta de móviles no liberados por parte de los operadores. La organización de consumidores ponía como referencia un informe de la Comisión de Cooperación de Consumo en el que se afirma que "limitar las posibilidades de uso del móvil que el consumidor adquiere, del que es titular y que además abonará de forma diferida a lo largo del periodo de duración del compromiso de permanencia, es una infracción en materia de consumo sancionable por las autoridades competentes".

La campaña no tardó en tener gran repercusión en la Red ante el silencio de las compañías, algunas de las cuales siguen sin facilitar los códigos de desbloqueo incluso una vez finalizada la permanencia. No obstante, en las últimas horas hemos conocido un caso que corrobora la ilegalidad de este tipo de acciones y cómo pueden ser sancionados por negarse a cumplir con la legislación.

Hablamos del caso protagonizado por Manuel Pérez Barra, un ciudadano aragonés que tendrá que ser indemnizado por Orange tras una sentencia judicial. En concreto, el operador ha sido condenado al pago de 500 euros y a asumir las costas del juicio tras declararse ilegal que la compañía no desbloquease el móvil del usuario una vez transcurridos los correspondientes meses de permanencia.

En primer lugar, el afectado consiguió que se reconociese su derecho en la Junta Arbitral de Consumo, órganos que por otro lado se encuentran colapsados por las quejas ante los operadores. Ahora ha sido el juzgado de primera instancia de Zaragoza el que ha confirmado la resolución de forma inapelable, por lo que el operador tendrá que asumir esta fuerte sanción a pesar de que intentó reducirla a 80 euros al alegar que se trataba de un terminal obsoleto.

Así pues, un toque de atención en toda regla a los operadores para que cesen unas prácticas que FACUA calificó hace una semana como "abusivas e ilegales". ¿Será un primer paso para que en un futuro todos los móviles que se vendan de forma subvencionada estén liberados?

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Orange has been fined 500 euros for refusing to release the mobile phone of one of its customers after completing the period of stay. This is a landmark judgment in our country and is a warning to operators to comply with legislation that defends consumers.

Less than a week ago the campaign knew FACUA crying before the institutions about the illegality involved the sale of phones not released by the operators. The consumer organization gave as reference a report of the Committee on Consumer Cooperation in stating that "limit the usability of the mobile consumer purchases, which also owns and paid on a deferred basis over duration of the commitment to stay, is a violation of consumer punishable by the competent authorities. "

The campaign will soon have a major impact on the Net at the silence of the companies, some of which are still not provide unlock codes even after the stay. However, in the last few hours we have known a case which confirms the illegality of such actions and how they can be punished for refusing to comply with legislation.

We talk about the case starring Rod Manuel Perez, a citizen Aragon will have to be compensated for Orange after a court ruling. Specifically, the operator has been ordered to pay $ 500 and court costs assume outlawed after the company did not unlocked the user's mobile after expiry of the corresponding month stay.

First, the affected secured the recognition of their rights in the Consumer Arbitration Board, on the other hand organs are overwhelmed by complaints to the operators. Now was the court of first instance of Zaragoza has confirmed that a final resolution, so that the operator has to bear this heavy punishment even though he tried to reduce it to 80 euros by claiming that it was an outdated terminal.

So, a warning fledged operators to cease practices that FACUA called a week ago as "unfair and illegal". Is it a first step for a future all phones sold are subsidized so liberated?

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